La propuesta de la gobernadora Rocío Nahle suena bonita en el discurso: que el Estado absorba la deuda de la bursatilización para liberar a los ayuntamientos de los descuentos mensuales que arrastran desde los tiempos de Fidel Herrera Beltrán. Pero la pregunta incómoda sigue en el aire:
¿Quién va a pagar finalmente esa deuda?
Porque el dinero no aparece por arte de magia.
Lo que hoy pagan 199 municipios terminaría convirtiéndose en una carga directa para las finanzas estatales. Es decir: el problema no desaparece, solo cambia de ventanilla. Antes se descontaba a los ayuntamientos; mañana podría salir del presupuesto estatal que debería destinarse a hospitales, carreteras, seguridad y obra pública.
Y mientras se vende como “rescate histórico”, pocos explican cuánto costará realmente absorber esa deuda, cuáles serán las condiciones con los tenedores, cuánto tiempo más se prolongarán los pagos y si Veracruz terminará endeudándose todavía más para cubrir un esquema financiero que nació hace más de 16 años.
La bursatilización fue presentada en su momento como modernidad financiera y terminó siendo una camisa de fuerza para decenas de municipios. Ahora el riesgo es repetir la historia: anunciar una “solución” sin transparentar el tamaño real del compromiso que asumiría el Estado.
Porque en Veracruz ya conocemos esa película:
primero dicen que no es deuda…
y al final la terminan pagando los ciudadanos.
La verdadera pregunta no es si los alcaldes dejarán de pagar.
La verdadera pregunta es:
¿cuánto más terminarán pagando los veracruzanos?
