Mientras la Fiscalía de Veracruz firma oficios de liberación y la Policía Ministerial concluye sus procedimientos, en los corralones parece existir otra ley: la del “pague primero o no sale”.
Ahora el señalamiento apunta contra Grúas Pérez, en Minatitlán, donde familiares de una persona fallecida denuncian que, pese a contar con la liberación oficial de un Chevrolet Chevy 2000, la empresa mantiene retenida la unidad y exige 15 mil pesos para entregarla.
Sí, leyó bien: el vehículo ya fue liberado por la autoridad… pero para el corralón eso vale menos que una hoja mojada si no hay dinero de por medio.
La pregunta incómoda es inevitable:
¿Desde cuándo las concesionarias privadas están por encima de la Fiscalía?
¿Quién regula las tarifas?
¿Quién supervisa los abusos?
¿O el negocio consiste precisamente en dejar que las pensiones crezcan como intereses de usura mientras las familias enfrentan procesos legales y hasta duelos familiares?
Porque aquí no estamos hablando de una infracción de tránsito cualquiera. El vehículo estuvo asegurado por disposición ministerial, no porque los familiares cometieran una falta. Aun así, terminan pagando los platos rotos de un sistema que convirtió los corralones en auténticas cajas registradoras con portón y candado.
En Veracruz el problema ya huele a estructura: vehículos retenidos por meses, cobros desproporcionados, tarifas poco claras y ciudadanos atrapados entre trámites eternos y concesionarios intocables.
Y mientras tanto, la famosa “transformación” no llega a los corralones… ahí sigue gobernando la vieja escuela del abuso, el negocio y la impunidad disfrazada de servicio concesionado.
Urge que la gobernadora Rocío Nahle García y la Secretaría de Transporte revisen qué está pasando con las grúas y corralones del sur del estado, porque hoy liberar un vehículo ante la autoridad ya no significa recuperarlo: significa entrar a otra aduana… pero privada.
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