En el Veracruz que presume transformación, hay una universidad pública donde dar clases parece más un acto de fe que un empleo: la UPAV. Y sí, la responsabilidad política inevitablemente apunta hacia el despacho de Rocío Nahle García, donde las promesas de dignificación laboral parecen haberse quedado archivadas… o peor, recicladas en contratos “fantasma”.
Porque lo que hoy denuncian docentes y directivos no es un simple desajuste administrativo: es un modelo de simulación laboral con sello institucional.
Ahí están los hechos, no el discurso:
Maestros con más de diez años de servicio tratados como si ayer hubieran llegado. Antigüedad borrada de un plumazo. Contratos que no reconocen historia, pero sí exigen resultados. Una especie de “borrón y cuenta nueva”… pero solo para quitar derechos.
Y mientras el gobierno estatal habla de justicia social, en la UPAV se cocina otra realidad:
trabajo sin IMSS, sin ISSSTE, sin prestaciones, sin certeza. Una nómina que parece más limosna institucional que salario profesional.
El truco jurídico es elegante… y perverso: llamarles “personas profesionistas” para evitar reconocer la relación laboral. Así, el Estado se lava las manos y convierte a docentes en prestadores desechables. Sin aguinaldo, sin vacaciones, sin vivienda. Pero eso sí: con toda la carga académica encima.
¿Transformación? No. Esto es precarización con membrete oficial.
Y por si fuera poco, los pagos llegan cuando quieren —si llegan—. No hay calendario, no hay certeza, no hay respeto. Hay maestros formando generaciones enteras… mientras ellos mismos viven en incertidumbre económica.
El mensaje es brutalmente claro:
en Veracruz puedes educar, puedes formar profesionistas, puedes sostener el sistema educativo…
pero no necesariamente mereces derechos laborales.
La pregunta incómoda es inevitable:
¿esto lo sabe la gobernadora o esto es exactamente lo que está permitiendo?
Porque si lo desconoce, hay un problema grave de control institucional.
Y si lo sabe, entonces el problema es aún peor: complicidad política con un esquema que raya en la explotación.
La UPAV hoy no es símbolo de educación popular.
Es el retrato de un gobierno que exige excelencia… mientras regatea dignidad.
Y cuando los maestros —los mismos que sostienen el sistema— empiezan a alzar la voz, no es un conflicto menor. Es una advertencia.
Porque cuando se precariza a quien educa, lo que está en crisis no es solo una universidad…
es todo el discurso del poder.
