En México, empieza a haber una especie de reacomodo de los acuerdos estatales fundamentales al dar mayores responsabilidades a los militares no sólo cuestiones de seguridad pública, sino también en distintos espacios de la vida civil, consideró Sandra Serrano García, académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Al participar en el seminario Militarización y Militarismo: Constitución y narrativas, organizado por el Programa Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana, añadió que parecería que los militares están ocupando un lugar en la decisión de esos acuerdos estatales porque empiezan a realizar tareas que en muchos casos los llevan a convertirse en empresarios, al administrar aduanas, puertos, un aeropuerto y el Tren Maya, actividades económicas fundamentales del país, algunas de las cuales podrían haber ejecutado civiles.
Pero no sólo empiezan a ejecutar acciones, “sino a tomar control de ellas y a servirse de ellas; porque los recursos de muchas de estas infraestructuras, el aeropuerto (Felipe Ángeles), el Tren Maya, por ejemplo, van a ser para el propio Ejército”.
Para dar otros espacios a los militares en este acuerdo estatal institucionalizado ha surgido la tentación de modificar la Constitución y, además señaló que no se observa en las fuerzas políticas resistencia a la presencia militar. “Parecería que meterse con el tema del militarismo y la militarización no es lo que más les interesa”, consideró Serrano.
A su vez, José Ramón Cossío Díaz, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), destacó que el cambio está siendo cuantitativo y cualitativo, toda vez que no es sólo la cantidad de cosas que están haciendo el Ejército y la Armada, sino que se están llevando a cabo transformaciones en el orden jurídico, incluida la Constitución, para poder sostener y cimentar esas operaciones militares en tareas civiles, este fenómeno constituye la militarización.
El exministro advirtió que existe una trampa en el proceso de militarización que consiste en “tomar operaciones ordinarias de la vida civil y calificarlas, en condiciones extraordinarias, de vida militar, no en razón de la operación, sino del sujeto que las realiza”, y una vez asignadas estas operaciones, no se puede preguntar información al respecto, debido a que ya se les considera como de seguridad nacional.
Recalcó que se genera opacidad al tomar el control de diversas obras los militares, pues “todo lo que no quieras que se sepa, asígnaselo al Ejército y a la Armada para que con su manto armado cubra todas las posibilidades y no tengamos ni control presupuestal ni control democrático ni de nada”, subrayó.
Cossío Díaz detalló que la militarización es un proceso de incremento de funciones, tareas y acciones por parte del Ejército, mientras que el militarismo consiste en un cambio cultural donde los valores, la estructura y la cultura militares se convierten en dominantes de las formas de convivencia de una sociedad. Se ponderan valores como la disciplina, la patria, la lealtad a ciegas, la fuerza, la violencia, la rigidez. “Todo se subordina a una orden bélica de exterminación”, advirtió.
Por su parte, Luisa Conesa Labastida, del despacho Conesa & Moreno, Abogados, consideró que el hecho de que los militares presten labores civiles en, por ejemplo, la administración perpetua del Tren Maya, es problemático “porque no responden a los cánones de transparencia de la autoridad civil. Por eso tenemos que estar muy preocupados por lo que está pasando, porque con el argumento de seguridad nacional, se cae toda la transparencia”.
