Por.-José Luis Piña.
Durante una gira de trabajo en Oaxaca, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que el dinero que tendría que llegar a municipios de Oaxaca aún no ha podido ser cobrado; la razón, según el Ejecutivo es la burocracia. Agregó que sin embargo, los recursos obtenidos en las otras 4 subastas ya están en manos de sus destinatarios.
Luego de que hace dos meses, en un acto protocolario, AMLO entregara a autoridades de Oaxaca dos cheques por más de 12 millones de pesos que fueron recaudados en la subasta de vehículos de lujo que el Gobierno Federal poseía de sexenios anteriores, el dinero no ha llegado a sus destinatarios.
López Obrador atribuyó el retraso a problemas legales y obstáculos burocráticos que, según reconoció el propio presidente, no tenía contemplados.
Desde que AMLO asumió la presidencia, se han organizado 5 subastas mediáticas de bienes asegurados al crimen organizado o inmuebles pertenecientes del Gobierno Federal. Lo recaudado supuestamente se destinaría a zonas pobres de nuestro país.
Alfredo Lecona, abogado penalista, analista y activista político, asegura que siempre han existido subastas de bienes en el país de los inmuebles incautados; sin embargo, la diferencia radica en que ahora se están haciendo públicos y en cierto modo más transparentes esos actos de venta pública.
El especialista explica que no es únicamente el de las subastas el tema que debe llamar la atención, sino la reforma legal sobre la extinción de dominio, porque a partir de ella, el gobierno podrá subastar inmuebles sin necesidad de que exista una definición judicial, independientemente del destino de los recursos que se obtengan.
Lecona explica que con la reforma al artículo 22 en materia de extinción de dominio, de fecha 9 de agosto, se sustituye al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) como encargado de la administración y las subastas correspondientes, por el Instituto de Administración de Bienes y Activos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Según la reforma, los recursos provenientes de la venta de inmuebles sujetos a esta nueva ley serán destinados a dependencias públicas y a programas de asistencia social.
En la primera subasta, que se hizo los días 23 y 24 de febrero, aun a cargo del SAE, de 218 vehículos ofertados que pertenecían al Gobierno Federal se vendieron 191 y se recaudaron 32.1 millones de pesos, los cuales, se aseguró, se destinarían al municipio más pobre del país, aunque nunca se especificó el nombre de ese municipio.
La segunda subasta fue el 26 de mayo. En esta ocasión se ofertaron 82 lotes de vehículos eran del Estado Mayor Presidencial y fueron asegurados por la Fiscalía General de la República; se lograron vender 65 y se recaudaron 28.4 millones de pesos. El dinero se entregó supuestamente a los municipios de Santos Reyes Yucuná y Santa María Tlahuitoltepec, los más pobres de Oaxaca; sin embargo, hasta ahora, el recurso económico no ha sido entregado.
El 23 de junio se hizo una subasta más, pero en esta ocasión se ofertaron por primera vez 27 inmuebles que fueron incautados al crimen organizado, de los cuales sólo se vendieron 9 y la suma recaudada fue de 56.7 millones de pesos, que se entregó a los municipios de Metlatónoc y Cochoapa El Grande, ubicados en el estado de Guerrero.
Un mes después se vendieron joyas que la FGR incautó a los miembros del crimen organizado, las cuales, para asegurar una venta exitosa, se expusieron en el museo cultural de Los Pinos. De 153 lotes de joyas se vendieron 110 y se recaudaron 10.3 millones de pesos que se destinaron a rehabilitar caminos rurales de Michoacán.
La última subasta fue la de la famosa mansión del empresario chino-mexicano Zhenli Ye Gon, ubicada en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México; la casa se vendió en 102 millones de pesos al empresario Carlos Bremer y el dinero se entregó a los atletas mexicanos que participaron en los Juegos Panamericanos de Lima.
Hay que resaltar que de manera paralela a las 5 grandes subastas que el Gobierno Federal ha hecho en lo que va de su gobierno, se creó el Instituto para devolver al pueblo lo robado, que tiene como función repartir el dinero que se recauda, se modificó la ley de extinción de dominio para facultar al gobierno a vender inmuebles incautados aunque el juicio penal contra la persona afectada no haya concluido, y se sustituyó al SAE por el Instituto de Administración de Bienes y Activos.
