El próximo miércoles 14 de junio se tiene previsto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debata y llegue a una resolución sobre la instalación de nacimientos y objetos religiosos en espacios públicos, los cuales podrían quedar prohibidos en caso de que los magistrados declaren que esta acción es inconstitucional.
En diciembre de 2020 fue interpuesto un amparo por la organización no gubernamental Kanan Derechos Humanos, contra los ayuntamientos de Mérida, Chocholá y Mocochá, del estado de Yucatán, por la colocación en espacios públicos de nacimientos y adornos navideños con temática religiosa.
El 9 de noviembre del año pasado se tenía previsto que los ministros de la Primera Sala debatieran y resolvieran al respecto, pero decidieron posponer la discusión, la cual está agendada para el miércoles 14 de junio. Cabe señalar que en este lapso se dieron cambios al proyecto de sentencia, lo cual preocupa a la Confederación del Episcopado Mexicano (CEM) así como a fieles laicos.
A través de un video publicado en redes sociales, el secretario general de la CEM, Monseñor Ramón Castro Castro, a nombre de los obispos del país señaló que “los obispos mexicanos expresamos nuestra grave preocupación y rechazo al nuevo proyecto de resolución que será discutido por la Primera Sala de la SCJN relacionado con los juicios de amparo en los que se ha reclamado la supuesta inconstitucionalidad de la colocación de representaciones del nacimiento de Jesucristo en espacios públicos en tres ayuntamientos de Yucatán”.
Destaca que “en este momento en que nuestro país está sufriendo el flagelo de la inseguridad y de la violencia desbordadas, el proyecto que se discutirá pretende limitar expresiones y manifestaciones religiosas que son promotoras de la paz y del amor”.
Entre las modificaciones hechas al proyecto anterior, en el actual se buscará que los estados de ninguna manera puedan otorgar espacios u objetos que permitan a los ciudadanos ejercer su derecho humano a la libertad religiosa. Asimismo, se busca eliminar la identidad cultural y religiosa en el país.
En su mensaje, el también obispo de Cuernavaca, enfatiza que “los símbolos y las tradiciones culturales de carácter religioso merecen reconocimiento jurídico, especialmente cuando han adquirido nuevas dimensiones aunadas a la propia religión que contribuyen a la riqueza e identidad de la nación misma, que se inserta en las tradiciones populares (…), tales como las celebraciones, peregrinaciones, procesiones, fiestas patronales, imágenes y muchas otras”.
“Pensemos por un momento en los miles de peregrinos, miles de imágenes de la Virgen de Guadalupe que el pueblo venera en mercados, sitios de transporte, cruces de caminos, barrios, hospitales, que podrían ser arrebatadas con una decisión como la que se propone”, resaltó.
Añadió que “las ideas contenidas en el documento que será discutido (…) constituyen un acto de represión a los símbolos y expresiones culturales que forman parte del patrimonio histórico y cultural del pueblo mexicano, lo que no encuentra sustento en precedentes en otros países democráticos, ni los sistemas internacionales de derechos humanos.
Monseñor Castro recordó que el papa Francisco ha señalado que el respeto a las minorías, de agnósticos o ateos, no consiste en silenciar de “modo arbitrario” a la mayoría de creyentes o ignorar la riqueza de sus tradiciones religiosas.
“Eso, a la larga, fomentaría más el resentimiento que la tolerancia y la paz”, subrayó.
Laicos en defensa de su fe
Con la finalidad de pedir a los ministros que opten por el respeto al derecho humano de la libertad religiosa, que se contiene en el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la organización Hazte Sentir invitó a los ciudadanos a unirse a una campaña de firmas a través de la página https://n9.cl/p6zx0.
Además, llevarán a cabo una manifestación pacífica el martes 13 de junio a las 11:00 de la mañana afuera de la entrada principal de la SCJN.
Si cuatro de los magistrados votan a favor de la propuesta, se generará automáticamente una jurisprudencia que será aplicable en todo el país, si el voto a favor es de tres se beneficiará al quien interpuso el amparo y los municipios demandados estarán obligados a cumplir la orden de la Corte.
