La decisión de que elementos de las fuerzas armadas tomen el control de las aduanas y puertos, viola lo dispuesto en la Constitución y puede ser un mensaje que desincentive las inversiones hacia el país.
El intercambio comercial que México ha tenido con distintos países se incrementó exponencialmente a partir de que comenzó a participar en diversos tratados de libre comercio. Las aduanas que se encargan de vigilar, fiscalizar y controlar el ingreso y extracción de mercancías se convirtieron en una pieza imprescindible para la logística del movimiento de todo tipo de productos.
La autoridad encargada de fiscalizar las aduanas es la Administración General de Aduanas, dependiente del Servicio de Administración Tributaria (SAT) que es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
México tiene 49 aduanas que son de cuatro tipos: marítimas, terrestres (fronterizas), aéreas e interiores.19 se ubican en la frontera norte, dos en la frontera sur, 17 son aduanas marinas y 11 don aduanas interiores.
A pesar de la vigilancia que existe en las aduanas, el país no está exento de que a través del contrabando ingresen al territorio mercancías consideradas ilegales como las armas y las drogas.
Durante la gira que realizó el 17 de julio a Colima, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que los elementos de la Secretaría de la Defensa (Sedena) y de la Secretaría de Marina (Semar) estarían a cargo de las aduanas terrestres y marítimas, así como de los puertos del país.
El mandatario indicó que esta decisión obedecía al “mal manejo, la mala administración de puertos, la corrupción, el contrabando, la introducción de droga a territorio nacional”. Y agregó que su gobierno iba a “actuar limpiando, renovando todo el sistema de aduanas y de puertos del país”.
Horacio Duarte Olivares, Administrador General de Aduanas, explicó que son tres los objetivos de que las administraciones de las aduanas sean ocupadas por personal que provenga que de la Sedena y la Semar: Mantener y aumentar la recaudación en las aduanas; garantizar la seguridad nacional, y combatir al contrabando.
Cabe recordar que Javier Jiménez Espriú, quien se desempeñaba como secretario de Comunicaciones y Transportes, renunció a su cargo por el “diferendo por su decisión de política pública de trasladar al ámbito militar de la Secretaría de Marina, las funciones eminentemente civiles de los Puertos, de la Marina Mercante y de la formación de marinos mercantes, que han estado a cargo de la SCT desde 1970”.
Cambiar de un plumazo
Duarte Olivares aseguró que en lo que respecta a las aduanas es un tema que ya se ha trabajado con la Semar tiempo atrás, e inclusive, dijo que “el personal que se va a incorporar con nosotros, primero, ha entrado ya a un mecanismo de cursos de capacitación”.
Sin embargo, esta medida no puede ser tomada unilateralmente ni de un plumazo por el jefe del Ejecutivo, ya que existen varias leyes comenzando por la Constitución, así como otras normas que rigen el funcionamiento y control de las aduanas que no se tomaron en cuenta.
Especialistas coincidieron en que la decisión del presidente de la República de que las fuerzas armadas tomen el control de las aduanas y puertos con el objetivo de impedir actos ilícitos como tráfico de drogas y corrupción, se estaría violando la Constitución y afectar el comercio internacional del país.
Así como para que los militares se hicieran cargo de la Seguridad Pública fue necesario crear la Guardia Nacional, se tuvo que reformar la Constitución, de la misma forma debería proceder en realizar las modificaciones en la Constitución para que las Secretaría de María y de la Defensa Nacional tengan el control de las 49 aduanas, se estaría violando la ley.
Para poderlo hacer se requiere de un importante cambio en la legislación nacional que abarca desde la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal como la Ley de Puertos, al Ley de Navegación, la Ley de Comercio Exterior y todos sus reglamentos, explicó a Yo Influyo Juan Carlos Merodio López, miembro titular del Comité Marítimo Internacional.
“Lo que debe seguir es que se lleve a cabo una reforma legal completa para que esto se pueda implementar. Una reforma de leyes desde la ley de la Administración Público Federal hasta la de Ley de Puertos, Navegación, Comercio Exterior, hasta la miscelánea fiscal; un finde leyes que tienen que ser modificadas para que se pueda implementar dependiendo que es lo que quieran hacer. Estamos a la expectativa de saber esto cuándo va a pasar”, agregó Merodio López.
El titular del Comité Marítimo Internacional señaló que había inversiones programadas en puertos por 11 mil millones de dólares, ante la decisión del presidente de la República esas inversiones quedaron en un compás de espera hasta que se aclare lo pasará con los puertos.
“Lo que sucede es que genera incertidumbre, porque no sabemos lo que se pretende hacer. Son decisiones que se toman sin que haya una explicación anterior, un razonamiento anterior, y desde luego tener el proyecto mismo de cómo se va a implementar”, indicó.
Esperemos que este proceso de militarización, que así se ha llamado de los puertos, se haga en forma correcta, pues no conocemos en ningún otro país donde los puertos sean militarizados, no afecte el comercio internacional del país.
Primero anunciamos y luego veriguamos
Consultado al respecto por Yo Influyo, José María Soberanes, profesor e investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, señaló que en esta decisión del presidente hay una violación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
“El presidente de la República no tiene la facultad de hacer este cambio si no realizan las modificaciones correspondientes a la Constitución. Así como para que los militares se hicieran cargo de la seguridad pública fue necesario crear la Guardia Nacional y reformar la Constitución, de la misma forma debería proceder en este caso”.
“La Constitución es muy clara al señalar que los militares no pueden desempeñar otras tareas que no sean las de seguridad. Entonces hacerse cargo de este tipo de cuestiones está violando la disposición expresa de la Constitución”, subrayó.
El doctor en Derecho especializado en Derecho Constitucional dijo que las vías están abiertas para que se presenten controversias constitucionales por los diputados o senadores, y amparos por parte de particulares que se dedican a la exportación e importación.
“Las Fuerzas Armadas no puede hacerse cargo y tendrán que esperar a las reformas a la Constitución para que puedan asumir el control de la Aduanas y Puertos. Pero, también creo que no lo van a hacer así. Este tema es muy importante y ver cómo va avanzando el Ejército en la vida pública y este es un ejemplo y es momento de ponerle un freno, porque esto es algo que ni ellos quieren. Lo han dicho los propios militares ellos quieren estar en los cuarteles en tareas de seguridad nacional, no en esto”, concluyó.
Leyes nacionales e internacionales
El Bufete Internacional de Consultores y Abogados elaboró un diagrama de flujo del marco general jurídico del sistema aduanero mexicano en el que además de la Constitución se muestran diversos ordenamientos en los que se basa el funcionamiento de las aduanas de México, y que tiene que ver con el aspecto fiscal, de operación, de fomento, así como acuerdos y disposiciones internacionales que con el tiempo se han ido ampliando y transformado.
Conoce el diagrama completo en esta liga:
//www.bufeteinternacional.com.mx/samonline/archivos/Marco%20Juridico%20del%20Sistema%20Aduanero%20Mexicano%202007.pdf
Que elementos del Ejército y la Marina asuman el control de las aduanas no puede obedecer sólo a la intención del presidente del país, como señalaron los especialistas en derecho, sino también tienen que considerarse otras aristas como el mensaje que el gobierno mexicano da a los inversionistas extranjeros ya que puede derivar en una desincentivación de la llegada de productos y, por ende, de divisas al país que actualmente significan un ingreso de alrededor de 900 mil millones de pesos.
