El Senado de la República ha concluido un proceso sin precedentes para la elección de magistrados de circuito y jueces de distrito, quienes asumirán sus cargos en 2025 y 2027. Este método, conocido como “tómbola judicial”, ha causado gran polémica, pues redefine las reglas del juego en la carrera judicial, otorgando a la ciudadanía un papel protagónico en la selección de estos puestos mediante elecciones populares.
El proceso de insaculación, que se originó tras la aprobación de la Reforma Judicial el 11 de septiembre, es solo el inicio de una serie de fechas clave que estructuran el camino hacia la elección de los nuevos jueces y magistrados. El 16 de octubre, el Senado debe emitir la convocatoria para integrar los Comités de Evaluación. Posteriormente, se procederá con la instalación de estos comités el 31 de octubre, y el 4 de noviembre se publicará la convocatoria para quienes deseen participar en la elección del 1 de junio de 2025. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 24 de noviembre, y a partir del 15 de diciembre se revisará la documentación de los aspirantes.
Antes de esa fecha, el Congreso Federal tendrá la responsabilidad de aprobar los cambios a las leyes secundarias correspondientes para que todo el proceso esté alineado con la nueva legislación. Finalmente, el 4 de febrero de 2025, los Comités de Evaluación seleccionarán a los mejores candidatos y enviarán sus perfiles a los Poderes de la Unión. El Senado recibirá y consolidará los listados para enviarlos al Instituto Nacional Electoral (INE) antes del 12 de febrero de 2025.
LA TÓMBOLA JUDICIAL Y SU IMPACTO POLÍTICO
El sorteo realizado por el Senado el pasado sábado, conocido popularmente como «la tómbola judicial», marcó un momento crucial en este proceso, ya que definió a los jueces y magistrados que competirán por sus puestos en las elecciones de 2025.
De los 927 magistrados de circuito y 772 jueces de distrito en total, 464 magistrados y 386 jueces fueron seleccionados para participar en la primera fase electoral. La otra mitad será elegida en los comicios de 2027.
Este mecanismo ha dividido a los sectores políticos y a la sociedad en general.
Los partidos Movimiento Ciudadano (MC) y Acción Nacional (PAN) se retiraron del proceso como protesta, denunciando que esta reforma podría politizar al Poder Judicial y minar su independencia. En paralelo, manifestaciones de trabajadores judiciales y otras organizaciones inundaron las inmediaciones del Senado con pancartas y consignas, denunciando lo que consideran una «tómbola de la ignominia».
Sin embargo, quienes defienden la reforma argumentan que este nuevo modelo democratiza el Poder Judicial al permitir que los ciudadanos participen directamente en la elección de jueces y magistrados. La presidenta Claudia Sheinbaum ha respaldado este proceso, mientras que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, ha señalado que se formará un comité para garantizar que la selección de los aspirantes sea justa y transparente.
UN FUTURO INCIERTO PARA EL PODER JUDICIAL
El debate en torno a la reforma judicial continúa encendido. Por un lado, sus defensores ven en ella una oportunidad histórica para democratizar el sistema judicial y hacerlo más accesible y cercano a la población. Por otro lado, sus detractores alertan sobre los riesgos de injerencia política, una preocupación que podría afectar la independencia de los jueces y magistrados.
Las elecciones del 1 de junio de 2025 no solo serán una prueba de fuego para este nuevo sistema, sino también un momento decisivo para el futuro del Poder Judicial en México. Mientras el proceso avanza, la sociedad se mantiene expectante, consciente de que los cambios que se avecinan podrían redefinir el equilibrio de poder y la confianza en las instituciones de justicia del país.
Mientras tanto aquellos que han trabajado y hecho carrera dentro del poder judicial sienten que sus derechos fueron pisoteados y que echaron por la borda sus planes y los de sus familias, dejando sepultado el proyecto de vida de muchos de ellos.
