La Comisión detectó el ejercicio de funciones de autoridad por parte de los internos y condiciones de autogobierno/cogobierno, así como la presencia de actividades ilícitas como “cobros de piso, extorsión y sobornos”.
En Veracruz se encuentra uno de los Centros de Readaptación Social (Ceresos) peor evaluados en el país. Se trata del centro penitenciario de Poza Rica, que fue calificado con 5.15 puntos en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de este año, elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Riñas, presuntas violaciones a derechos humanos de internos, casos de extorsión y hasta la presencia de autogobierno de los reclusos es una muestra de lo que se viven en este penal, que actualmente se ubica en la posición número 8 entre los peores 10 del país.
De manera general, la calificación de las cárceles en Veracruz es de 5.94. Desde 2012 se observa una disminución en la calificación anual, aunque su peor año fue en 2018, cuando obtuvo apenas 5.87 puntos. Es decir, el primer año de gobierno de Cuitláhuac García la situación penitenciaria de la entidad mejoró apenas en 7 décimas.
Esto provoca que actualmente el estado esté en el lugar 30 de 32 entidades con peores cárceles, apenas por encima de Tamaulipas que obtuvo 5.39 puntos y Guerrero con 5.92, a pesar de que el promedio nacional es de 6.75 puntos.
El de Poza Rica es uno de los casos más emblemáticos por la serie de irregularidades que documentó la CNDH, ya que la Comisión documentó condiciones de sobrepoblación, hacinamiento, una deficiente separación entre los presos hombres y mujeres y poco personal de seguridad y custodia, de ahí que no existen debidos procedimientos para la imposición de sanciones disciplinarias.
La Comisión detectó el ejercicio de funciones de autoridad por parte de los internos y condiciones de autogobierno/cogobierno, así como la presencia de actividades ilícitas como “cobros de piso, extorsión y sobornos”.
En las visitas de los inspectores también detectaron que existe una insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos, así como para la remisión de quejas de probables violaciones a los derechos humanos.
Además, hay precariedad en los servicios de salud que reciben los internos, una deficiente supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular, no se integran correctamente los expedientes técnico-jurídicos, ni se clasifican de manera adecuada a los procesados y sentenciados; tampoco hay actividades laborales y de capacitación, educativas y existe una inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan actividades.
LA LEY DEL MÁS RICO
Debido a su ubicación, Poza Rica y Tuxpan albergan la disputa de grupos delictivos con influencia en Tamaulipas, Puebla, San Luis Potosí e incluso, la Ciudad de México, distante a menos de cuatro horas por carretera.
El 11 de febrero de 2019, internos del reclusorio de Poza Rica, escenario de hacinamiento y sobrepoblación, denunciaron una serie de “cuotas de piso” impuestas por los policías para permitir dormir a los reos y dejarles ingresar alimentos y bebidas de sus familiares.
En caso de una negativa, los reclusos son golpeados para obligarles a cumplir con la orden.
El propio director del penal, Antonio Huesca Figueroa, es el encargado de realizar la cobranza a razón de 300 pesos por persona, según se denunció en medios de comunicación. De no pagar, los guardias en los filtros arrojan a la basura los alimentos proporcionados por los familiares del interno.
Además, por el uso de dormitorios, baños, y por calentar la comida, se pagan a la semana 200 pesos. Otros internos se quejaron de que la visita normal cuesta 20 pesos por familiar, mientras la conyugal tiene un costo de 500 pesos.
Otro escándalo surgió en el CERESO de Poza Rica cuando se reveló que custodios filtran información a abogados de los casos más difíciles y por consiguiente, de mayor regalías para los defensores.
La Secretaría de Seguridad Pública desmintió el hecho en redes, pero después borró sus publicaciones
CERESO VERACRUZANOS, EN MAL ESTADO
No obstante, aunque la cárcel de Poza Rica es uno de los peores casos registrados a nivel nacional no quiere decir que los demás Ceresos en Veracruz estén en mejores condiciones.
En el caso del ubicado en Amatlán (calificado con 6.42 puntos), la CNDH registró sobrepoblación, así como presencia de autogobierno en la cárcel de Tuxpan.
En Amatlán la CNDH documentó que además de que existe sobrepoblación también hay una insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos, una falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de detección.
Lo anterior provoca que no se garantice la integridad personal del interno, y tampoco una estancia digna, ya que se encontraron condiciones deficientes en materiales e higiene de sus instalaciones, especialmente en el área médica.
De acuerdo con la CNDH, tampoco hay suficiente personal de seguridad y custodia, y existen deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias.
En el caso del centro penitenciario de Coatzacoalcos, que obtuvo 5.84 de calificación, la Comisión Nacional determinó que incluso hay presencia de actividades ilícitas como extorsión y sobornos, además de que no hay suficientes programas para la prevención y atención de incidentes violentos, o vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los derechos humanos.
En cuanto al Centro de Pacho Viejo, en el municipio de Coatepec, la Comisión detectó fallas en la supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular, y además de otras faltas que comparte con las demás cárceles en Veracruz, en este incluso hay condiciones poco higiénicas en las cocina y comedores, calificándolo con 6.09.
El Cereso de Acayucan, con 5.95 de calificación, fue observado por no tener una adecuada separación entre los internos hombres y mujeres, deficiencias en los servicios de salud que otorga y una insuficiencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del centro.
Además, la Comisión reportó que el Centro presenta serias deficiencias en la alimentación de los internos y de las instalaciones para la comunicación con el exterior y más aún existen actividades ilícitas y cobros ilegales.
En el caso de la cárcel de Papantla (con 6.23 puntos), no cuenta con instalaciones suficientes para garantizar el funcionamiento del centro y hay malas condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las personas privadas de la libertad. No cuenta con el número adecuado de personal de seguridad y custodia.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos se refirió al centro penitenciario de Tuxpan como un lugar en el que existen condiciones de hacinamiento, en el que además hay una falta de normatividad que rige al centro (como reglamentos, manuales, lineamientos y disposiciones aplicables; su difusión y actualización), poco personal de seguridad y custodia.
En este sitio, que obtuvo 5.87 puntos, además se reportó el ejercicio de funciones de autoridad por personas privadas de la libertad, lo cual se traduce en la existencia de condiciones de autogobierno y cogobierno, que genera la presencia de actividades ilícitas, como extorsión y sobornos.
