El gobierno mexicano obtuvo un préstamo con el Banco Mundial por mil millones de dólares cuando el tipo de cambio estaba en 24.41 pesos por moneda estadunidense, de acuerdo con documentos públicos del organismo.
El objetivo es equipar la política de inclusión financiera de la actual administración, durante la crisis por Covid-19.
Hay antecedentes de un proyecto de crédito, pero por 500 millones de dólares, desde finales de enero. El préstamo que se aprobó el 19 de mayo fue por el doble de recursos y se cerró el último día del mes.
El análisis del Banco Mundial recalca que el riesgo de la operación es “sustancial”, dado el marco macroeconómico del país y el incremento de “vulnerabilidades” de Petróleos Mexicanos.
En ese contexto, el acuerdo de la negociación detalla que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco Mundial “intercambiarán periódicamente, a solicitud de cualquiera de las partes, opiniones sobre el marco de política macroeconómica” de México “y el progreso logrado en la ejecución el programa” de inclusión financiera para el que se pidió el crédito.
“Existe un alto grado de incertidumbre en cuanto a la duración de la pandemia en diferentes países, incluido México, y sus ramificaciones económicas, sociales y de salud en cada economía”. Además, también hay desconocimiento sobre cuándo los “canales de transmisión de la crisis” como el comercio, las finanzas y los precios de los productos básicos comenzarán a normalizarse. Para el país, el documento recalca el caso del petróleo.
La petición del préstamo fue firmada el 13 de abril por Gabriel Yorio González, subsecretario de Hacienda. En la misiva dirigida a David Malpass, presidente del Banco Mundial, el funcionario mexicano detalla que entre los objetivos del gobierno está incrementar la inclusión financiera y reitera algunas modificaciones dictadas el año pasado.
“Solicitamos amablemente su apoyo para obtener un préstamo de desarrollo de políticas que reconozca las acciones de política pública, regulación y supervisión diseñadas e implementadas en el sector financiero anteriormente mencionadas, considerando sus efectos en la respuesta y recuperación de la pandemia Covid-19, así como la profundización de la inclusión financiera en el país”, explicó Yorio.
En el documento presentado al Directorio del Banco Mundial se recalca que el riesgo del préstamo es “sustancial” por el componente macroeconómico. El marco político y de gobernanza; las estrategias y políticas sectoriales; el diseño técnico de proyecto; y la capacidad institucional de implementación y sostenibilidad son riesgos moderados; y el fiduciario, social y ambiental, bajos.
El Banco Mundial agregó que el impacto de la crisis económica en el empleo y los ingresos laborales (tanto formales como informales) podría debilitar aún más la economía a través del consumo y podría obstaculizar la recuperación, por lo que medidas para apoyar la liquidez, apoyo regulatorio y el soporte directo a las micro, pequeñas y medianas empresas serán medidas “críticas”.
“También sería fundamental proteger los trabajos (…) Las autoridades deberán maniobrar el impulso fiscal a corto plazo necesario con un marco fiscal prudente a mediano plazo. De cara a 2021, la recuperación esperada se puede ralentizar si no se elimina la incertidumbre residual de la política sectorial con respecto a la inversión privada (incluso en el sector energético)”, agregó el Banco Mundial.
México deberá pagar el préstamo los 15 de marzo y septiembre de cada año.
No implica deuda: Hacienda
En una serie de mensajes en Twitter que después reprodujo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) como una postura oficial, el subsecretario Gabriel Yorio, explicó que el Préstamo para Políticas de Desarrollo (DPL por sigla en inglés) —suscrito con el Banco Mundial— no tienen destino específico, no implica rebasar el techo de endeudamiento aprobado por el Congreso “y no va a financiar el programa de respuesta al COVID19”, comentó.
El documento de 74 páginas en el que el Banco Mundial detalla la justificación del préstamo tiene por nombre “Covid-19. Financiamiento de la política de desarrollo de acceso financiero”, el mismo subtítulo tiene el préstamo. A ambos precede un documento del 31 de enero el que se evalúa una DPL por 500 millones de dólares para el “acceso a finanzas e identificación”.
En ese momento se expuso que el objetivo del gobierno es impulsar la inclusión financiera para los jóvenes; ampliar la oferta de servicios fintech; aumentar el acceso a crédito para micro, pequeñas y medianas empresas agrícolas; el porcentaje de mujeres que se benefician de los programas de servicios financieros; apoyar la consolidación del Registro Nacional de Población e Identificación Personal y la estandarización de sistemas en los Registros Civiles estatales.
