Por Deyra Guerrero
Una de las cosas de las que más presume el presidente Andrés Manuel López Obrador en sus “mañaneras”, es de la claridad de su gobierno y este viernes 15 de enero afirmó “nosotros actuamos de manera transparente, no reservamos, no ocultamos ninguna información”, lo cual falso.
Aunque el mandatario federal ha criticado al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), al acusarlo de reservar datos sobre casos polémicos –aunque como ya se ha aclarado en notas anteriores son las dependencias quienes califican cierta información como clasificada, no el instituto-, su propia administración sí ha tomado esa medida.
En fechas recientes se tiene conocimiento de al menos dos casos controversiales, el del ex Secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos y la adquisición de vacunas contra el Covid-19.
Fue el 19 de diciembre de 2020 cuando, por decisión de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y de la Fiscalía General de la República (FGR), se reservó por cinco años los documentos enviados a Estados Unidos para la extradición de Cienfuegos, entre ellos la carta y los archivos con los que el gobierno de AMLO protestó porque no se le notificó de la indagatoria al militar mexicano, por sus presuntos nexos con el narcotráfico.
Fue el medio de comunicación Expansión Política quien dio a conocer la negativa de la SRE y de la FGR a proporcionar la información que se pidió a través de una solicitud de transparencia, bajo el argumento de que se podría entorpecer la relación con Estados Unidos y se darían a conocer datos sensibles.
Por otro lado, el 8 de enero de 2021, Grupo Reforma, evidenció que la Secretaría de Salud federal (Ssa) reservó también por cinco años los convenios suscritos con los laboratorios AstraZeneca, Pfizer/BioNTech y CanSino Biologics para la compra de vacunas contra el Covid-19.
Además, la SRE clasificó por el mismo tiempo el acuerdo firmado entre el gobierno federal y Gavi Alliance para la adquisición de vacunas en el mecanismo Covax Facility, de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El argumento de las dependencias fue que si se hacían públicos los documentos se podrían entorpecer las negociaciones con las farmacéuticas.
