Por Efraín Hernández
El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (Orfis) ha señalado un presunto daño patrimonial de 421 millones de pesos durante la administración de Cuitláhuac García Jiménez, un hecho que, de acuerdo a Manuel Molina Gómez, presidente del Centro de Investigación, Difusión e Implementación sobre Asociaciones Civiles, evidencia la corrupción y la complicidad en el gobierno estatal.
El activista afirmó que, a pesar de que el Orfis ha documentado este millonario desfalco, la Fiscalía General del Estado, encabezada por Verónica Hernández Giadáns, ha demostrado total apatía. “La fiscal, una incondicional de Patrocinio Cisneros y del exgobernador García Jiménez, ha protegido sistemáticamente a los responsables de estos actos. Los veracruzanos seguimos siendo víctimas de un sistema diseñado para encubrir, no para impartir justicia”, señaló.
El líder social advirtió que este tipo de irregularidades no son simples faltas administrativas. “Se trata de delitos graves que podrían incluir abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, falsificación de documentos y hasta colusión.
Lo más grave es que estos actos no solo afectan el erario público, sino también los derechos de los ciudadanos, quienes ven cómo sus recursos son saqueados sin que nadie rinda cuentas”, enfatizó.
Molina Gómez también criticó el limitado alcance del Orfis, señalando que este organismo no tiene independencia ni capacidad para sancionar de manera efectiva. “El Orfis es solo un auxiliar de la Auditoría Superior de la Federación, que no puede supervisar cada peso mal manejado. La Fiscalía General de la República debería intervenir, porque muchos de estos recursos son federales, y lo que estamos viendo aquí es corrupción a gran escala”, subrayó.
En ese contexto el representante de CIDIAC instó a la ciudadanía a no permanecer callada. “La sociedad debe presentar denuncias directamente ante instancias federales, porque la Fiscalía local está cooptada. Los desfalcos en municipios y dependencias estatales son operados por redes de corrupción que incluyen a múltiples funcionarios, configurando delitos como robo en pandilla. La permanencia de Hernández Giadáns solo garantiza más impunidad. Es urgente que se desmantele este sistema de protección para los corruptos”, concluyó.
