La actual administración del Gobierno Federal estableció en su Plan Nacional de Desarrollo que las adjudicaciones directas quedarían prohibidas durante este sexenio.
Al cierre de julio de este año, el Gobierno Federal ha entregado 77.2% contratos por vía de la adjudicación directa, mientras que la licitación pública ha sido utilizada 10 mil 786 veces, es decir, 12.8% de las ocasiones, según la base de datos de Compranet. En ese contexto, más de tres de cada cuatro contratos del gobierno se han adjudicado directamente.
“Ahí han aparecido compañías propiedad de la clase política actual y pasada, hijos de funcionarios, amigos de políticos, empresas fantasmas y un largo etcétera. Por mencionar un episodio reciente, una investigación periodística reveló que en 2019 un grupo de 171 empresas fueron creadas y, tan sólo unos días después de su conformación, ya habían recibido 561 contratos con dependencias del gobierno por 366 millones de pesos. La clave: siete de cada diez de esos contratos fueron entregados por adjudicación directa”, señala el documento.
Sin embargo, de los 290,591 millones de pesos que representan todos los contratos firmados hasta este momento, 137,585 millones han sido dados en licitación pública (47.4% del total), mientras que por adjudicación directa se han entregado 98,839 millones de pesos (34.2%), según una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCyI). Esto significa que los contratos por licitación pública, al ser menos en cantidad, son procedimientos que reparten montos más grandes.
En promedio, los contratos por licitación pública son por 12.7 millones de pesos. En contraste, el importe promedio de cada contrato por adjudicación directa es de 1.5 millones, pero, al tratarse de una cantidad total de contratos seis veces superior a la de las licitaciones públicas, se revela una de las áreas de riesgo más importantes de las adjudicaciones directas: miles de «pequeños» procedimientos escapen de la vigilancia ciudadana y atención mediática que usualmente sólo se concentran en algunas grandes contrataciones.
MCCyI menciona que la manera más clara de observar lo típico de esta conducta es que los resultados de hoy no difieren mucho de los de años y administraciones anteriores. Cuando cerró el año 2019, las adjudicaciones directas llegaron a su punto más alto de toda la década, con 78.1%.
“Pero ese resultado, junto con el que se observa de enero a julio de 2020, es bastante similar al porcentaje de la administración de Enrique Peña Nieto, que entregó, en promedio, el 71% de sus contratos por la vía de la adjudicación directa. La observación particular de 2020 sólo es “ligeramente mejor” que la de 2017, cuando se llegó al máximo de ese sexenio, con 77.8% de contratos por adjudicación directa. Habrá que esperar para ver cómo cierra el 2020”, concluye el documento.
