La cultura de la legalidad atraviesa por una crisis en México, ya que el 49 por ciento de las personas considera que la ley se respeta poco en el país y el 21 por ciento cree que nada, según la Encuesta Nacional de Cultura de la Legalidad elaborada por la Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez (IBD).
A pesar de que cinco de cada 10 personas consideran que la ley se respeta muy poco en nuestro país, esta respuesta contrasta con la autopercepción que tienen sobre el tema, ya que 55 por ciento respondió que ellos la respetan mucho.
Según el estudio, el 63 por ciento de la población asocia de manera predominante la palabra justicia con “cumplir la ley”, muy por arriba de lo que consideran que significa la palabra “igualdad” que ocupó el segundo lugar con 14 por ciento.
Asimismo, el 56 por ciento afirma estar de acuerdo en que se deben respetar las leyes siempre, incluso aquellas que parezcan injustas.
Por otro lado, el estudio destaca que el 53 por ciento aseguró que la Constitución cumple con las necesidades del país, aunque consideraron que deben hacerse algunos cambios. En este sondeo sólo el 20 por ciento afirmó que existía la necesidad de redactar una nueva Carta Magna, una disminución significativa en comparación con el 38 por ciento que opinaba lo mismo en el pasado ejercicio de este tipo que se aplicó en 2019.
Al igual que en el 2019, se mencionó que el aspecto más importante para que la justicia mejore en el país consiste en tener policías eficientes y capacitados en derechos humanos (34 por ciento), seguido de la respuesta referente a contar con un Ministerio Público confiable, transparente y eficaz (29 por ciento).
Con respecto al tema de la prisión preventiva, los resultados permiten observar una opinión pública dividida. En el caso hipotético de que una persona sea denunciada por robo a mano armada, pero que no se tenga la certeza de que sea culpable, 46 por ciento respondió que debe afrontar el juicio en libertad, mientras 46 por ciento consideró que debe hacerlo en prisión.
En el tema de justicia digital, 70 por ciento respondió que tiene poca o nada de confianza en presentar una demanda a través de Internet. Entre los principales motivos para desconfiar de este procedimiento se encuentran el considerar que por ese medio no le harán caso a la persona quejosa, que no es seguro que la información llegue a la instancia correspondiente o que no se tienen las capacidades digitales para interponerla.
