Escrito por
Carla Martell
La llegada de la Guardia Nacional y su legislación ha generado una serie de cambios no sólo en el replanteamiento de la seguridad pública a nivel federal, sino también modificaciones legales, algunas de ellas polémicas, como la modificación al artículo 10 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos que ahora permite que los ciudadanos mexicanos sean poseedores de armas en sus domicilios para seguridad y defensa.
“La ley federal determinará los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podrá autorizar a los habitantes la portación de armas”, fue la modificación que se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y que además indica que ahora sólo se prohibirá el uso de armamento semejante al de las Fuerzas Armadas, dejando un repertorio de armas autorizadas.
La Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos permite el uso de escopetas de todos los calibres menores a 12, armas para tiro o cacería, revólveres menores a .39 especial y .357 magnum, pistolas semiautomáticas y posesión de armas en domicilios.
México no es el primer país en permitir el uso de armas por civiles, por ejemplo, en Estados Unidos hay una larga tradición de la portación de armas por civiles. Al respecto diversos movimientos sociales han buscado que la permisividad norteamericana para adquirir un arma sea limitada, ya que de manera constante se presentan ataques perpetuados por personas que tuvieron fácil acceso a armamento, dejando heridos y en el peor de los casos gran cantidad de muertes.
El estudió Mortalidad Global por Armas de Fuego 1990-2016, publicado en 2018, informó que 250 000 personas mueren anualmente por el uso inadecuado o irresponsable de armas de fuego, además en el conteo de países con mayor índice de muertes, México se encuentra en el tercer lugar.
Según registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en México, durante 2015 y 2018 los asesinatos con armas de fuego aumentaron un 83%, teniendo en los estados con mayores muertes a Guerrero, con 4 320 bajas; Estado de México, con 3 881 fallecimientos y, en tercer lugar, a Baja California, con 2 705 víctimas.
Estos datos previos a la nueva reforma del la Ley Federal dan por hecho que aunque no existía alguna autorización específica para el uso de armas, su uso era el mismo sin estar regulado, dejando miles de muertos y cientos de afectados tras estos ataques.
De acuerdo con el análisis del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados se estima que en México circulan 15 millones de armas, de las cuales 85% carece de licencia.
Al respecto la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos advirtió que “los estados que han adquirido la mayor cantidad de armas de fuego de manera legal son, también, muchos de los que tienen el mayor número de enfrentamientos armados y homicidios perpetrados en el contexto de la guerra contra las drogas”.
