Comisiones unidas en el Senado dieron paso a un dictamen que busca modificar diversas disposiciones de la Ley del Banco de México (Banxico) en materia de captación de divisas del extranjero, con la intención de “fortalecer la economía de las familias mexicanas que reciben remesas en efectivo y la de quienes dependen de la actividad turística y del comercio de bienes y servicio en la frontera”.
El dictamen pretende facilitar la recepción de moneda extranjera en efectivo en instituciones de crédito y otros intermediarios al mismo tiempo de prevenir operaciones de procedencia ilícita y de financiamiento al terrorismo, además de que se cumplan con las expectativas de los bancos corresponsales de los Estados Unidos y sus autoridades supervisoras.
A pesar de que Banxico coincide en la intención de beneficiar a la población que obtiene ingresos en moneda extranjera que llega al país por actividades legítimas fluya de manera sencilla, segura y económica, advirtió que existe el riesgo de que “ingresen flujos de efectivo provenientes de actividades ilícitas, lo que puede representar un riesgo importante para el sector financiero nacional en su interacción con el sistema financiero internacional”.
El Banco Central recordó que es la institución encargada de administrar los activos de reserva internacional del Estado mexicano, por lo que indicó que es indispensable evitar que el riesgo de operaciones con recursos de procedencia ilícita sea transferido al Banco de México, dado que esto podría afectar, entre otros, la libre disponibilidad y control de tales activos, en perjuicio del cumplimiento de sus objetivos y, por lo tanto, del país. Agregó, que este riesgo también afectaría a las operaciones de agencia financiera y otras que realiza el Banco de México que requieren de su interconexión con el sistema financiero internacional.
Destacó que actualmente la ley prevé mitigar este riesgo a través de las instituciones financieras que ofrecen el servicio de recepción de moneda extranjera en efectivo, mediante procesos consistentes con la regulación aplicable conforme a los estándares internacionales.
Agregó que el “Banco Central cuenta con convenios de corresponsalía a fin de regresar el excedente de efectivo en moneda extranjera al país de origen. A pesar de los procesos antes descritos, persiste la posibilidad de que recursos de procedencia ilícita se incorporen en el circuito de efectivo en moneda extranjera que administra el sistema financiero.
“La iniciativa implica que los riesgos antes descritos se transfieran al Banco de México al imponerle la obligación de recibir dichos recursos en efectivo. Lo anterior podría dar como resultado acciones cautelares y sanciones por parte de autoridades del exterior que incluyen, entre otras, la imposibilidad de llevar a cabo transacciones en moneda extranjera en sus jurisdicciones, y el congelamiento de cuentas y recursos e incluso la confiscación de los mismos”, señaló.
