⚖️ TRES DÍAS SIN LUZ… Y LA JUSTICIA TAMBIÉN ESTÁ APAGADA EN COATZACOALCOS
Mientras el discurso oficial insiste en colocar el interés superior de la niñez como eje rector del sistema de justicia, en Coatzacoalcos la realidad parece ir en sentido contrario. Desde hace mas de tres días, los Juzgados Familiares, el Juzgado Primero de Primera Instancia Penal Tradicional, así como las oficinas del Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal de Disciplina Judicial y el Tribunal de Administración Judicial permanecen afectados por la falta de energía eléctrica, paralizando la atención a cientos de ciudadanos.
La versión que circula entre el personal señala que la falla habría sido provocada por un cortocircuito en la instalación eléctrica subterránea, presuntamente vinculada con la obra de la nueva Ciudad Judicial, un edificio que debió entregarse desde diciembre del año pasado y cuya inversión supera los cien millones de pesos, pero que continúa inconcluso.
A ello se suma que, de acuerdo con versiones atribuidas a personal de la Comisión Federal de Electricidad, el problema no correspondería a la red de distribución de la CFE, sino a la infraestructura eléctrica del propio complejo judicial en construcción, la cual habría sufrido afectaciones por inundaciones.
La pregunta es inevitable: ¿cómo es posible que una obra pública de esa magnitud termine convirtiéndose en un obstáculo para impartir justicia, en lugar de fortalecerla?
Mientras tanto, la ciudadanía sigue esperando. Audiencias suspendidas, expedientes detenidos, trámites familiares congelados, asuntos de custodia, convivencias, pensiones alimenticias y procedimientos urgentes permanecen sin avance. Para quienes dependen de una resolución judicial, la falta de electricidad no es un simple inconveniente administrativo; significa retrasos que afectan derechos fundamentales.
Resulta preocupante que, aun encontrándonos en periodo vacacional, no exista una respuesta inmediata para solucionar una contingencia que mantiene prácticamente inmóvil al sistema judicial de la región. Si existieron medidas preventivas, los resultados no son visibles. Si no existieron, la falta de previsión merece una explicación pública.
La ciudadanía también espera conocer cuál ha sido la actuación de las autoridades responsables de la administración y disciplina del Poder Judicial. Corresponde a la Magistrada Paulina Elizabeth Ahumada Santana, Presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial, así como a las autoridades del Tribunal de Administración Judicial y del Tribunal Superior de Justicia, informar con claridad qué ocurrió, cuáles son las causas reales de la falla, qué acciones se están implementando y cuándo quedará restablecido el servicio.
Porque la transparencia no consiste únicamente en inaugurar edificios o anunciar inversiones millonarias; también implica rendir cuentas cuando las instituciones dejan de funcionar.
Todo esto ocurre en Coatzacoalcos, tierra de la gobernadora Rocío Nahle García, donde el acceso a la justicia no puede depender de que exista o no suministro eléctrico.
La justicia no puede apagarse cada vez que falla una instalación. Si una obra de más de cien millones de pesos es incapaz de garantizar el funcionamiento básico de los tribunales, lo mínimo que merece la sociedad son respuestas, responsabilidades y soluciones inmediatas. El verdadero compromiso con el acceso a la justicia no se demuestra con discursos, sino con instituciones que funcionen todos los días.
La electricidad podrá faltar por una falla técnica. Lo que resulta inadmisible es que también falte la capacidad de respuesta institucional.
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